Plan de las autonomÃas para frenar la reventa de viviendas protegidas
La ONU ha catalogado a España como un paÃs «incapaz» de garantizar el acceso a una vivienda a los colectivos menos favorecidos, como mujeres, jóvenes y parados de larga duración. Y es que, al fuerte encarecimiento de los precios de la vivienda libre se ha unido la reducción del ritmo de construcción de pisos de protección oficial (VPO) en algunas regiones.
Sin embargo, las estadÃsticas no recogen la realidad de un incremento desmedido de las transacciones de este tipo de inmuebles, que los propietarios consiguen vender a un precio mayor al fijado por ley, en ocasiones tras el pago en dinero negro de parte del precio acordado por las partes, que escapa al control público, ya que los pisos se traspasan sin modificar la tasación de la escritura pública. La legislación actual marca lÃmites máximos para la compraventa de estas viviendas y establece las condiciones para descatalogar una VPO para poder venderla libremente (la devolución de la ayuda percibida). Sin embargo, ante la escasa eficacia de estas restricciones, algunas comunidades autónomas han endurecido sus normas contra el fraude y los sobreprecios en las operaciones.