Pisos de Madrid

CiU y PP coincidieron ayer en atribuir el proyecto de ley de la vivienda, que permite expropiar pisos vacíos a la ideología radical que gobierna Cataluña. La oposición está convencida de que el presidente José Montilla ha cedido a las presiones de ICV, su socio de Gobierno, más sensible a la filosofía «okupa» que al derecho a la propiedad reconocido en la Constitución española.

Tras conocerse la intención del tripartito de impulsar una ley que en la anterior legislatura quedó paralizada por las fuertes críticas del sector inmobiliario y por las reticencias del propio PSC, CiU anunció que encargará un dictamen jurídico sobre una normativa de «dudosa legalidad» y no descarta ir al Consejo Consultivo, órgano asesor de la Generalitat que determina la posible constitucionalidad de las leyes que se aprueban en Cataluña.

«Mal comienza el tripartito cuando habla de mano extendida y cierra el puño cuando aprueba un proyecto de ley caduco sin buscar el consenso», aseguró el portavoz nacionalista, Felip Puig, quien censuró la «visión ideológica» de la Generalitat respecto a un problema, el del acceso a la vivienda, que no se soluciona con la expropiación. Un mecanismo que, según el dirigente convergente, surge de una «mentalidad anacrónica». Se trata de una ley, en definitiva, hecha por «la izquierda radical que gobierna este país», dijo para recordar que grandes proyectos urbanísticos como el del Fórum en Barcelona no fue aprovechado para hacer vivienda social, «algo que sí aportaría soluciones» junto a un gran pacto nacional de la vivienda o la revisión de la ley de haciendas locales.

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