Pisos de Madrid

El Gobierno regional solicitará la impugnación del Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación al considerar que éste invade las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Gobierno regional en materia de vivienda. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta decisión tras analizar la modificación del citado Real Decreto realizada por el Ministerio de Vivienda y publicada el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial del Estado.

Como en el anterior requerimiento de incompetencia, la Comunidad considera que el Gobierno central se extralimita en sus competencias y fija la política de vivienda de la Comunidad e impone obligaciones a las Comunidades autónomas para asegurar la aplicación de la llamada Renta Básica de Emancipación.

En los próximos días los servicios jurídicos del Gobierno regional presentarán el nuevo requerimiento de incompetencia ante el Ministerio de la Presidencia. Esta decisión no significa que el Ejecutivo madrileño vaya a solicitar la suspensión de las ayudas, sino que se reconozcan las competencias exclusivas que en materia de vivienda detenta. En la reunión del Consejo también se ha solicitado al Ministerio de Vivienda que explique las dificultades y demoras que se han detectado en el pago de la Renta Básica de Emancipación.

Argumentos contra el Decreto

El Ejecutivo regional considera que el Ministerio no tiene facultad para efectuar el pago directo de las ayudas, ya que éste se debe realizar a través de la Comunidad, y que no puede atribuirse la competencia de autorizar el pago de las ayudas ni obligar a las Comunidades autónomas a comunicar los cambios sufridos por los beneficiarios de las mismas.

El Gobierno regional cree que el central no tiene capacidad para ordenar la creación de ventanillas únicas de gestión ni decidir si esta Renta es compatible con otras ayudas o deducciones regionales, tal y como se establece en el Real Decreto. La Comunidad basa su requerimiento de incompetencia en el argumento de que el Ministerio no es competente para firmar convenios de colaboración con entidades de crédito ni establecer requisitos adicionales para la concesión de las ayudas.

Fuente: Comunidad de Madrid